Habana en el centro de los debates en América Latina
Las discusiones que se centran en el marco político cubano se encuentran sin duda entre las más controvertidas de América Latina. Desde que Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana en abril de 1961, dos años después de la caída del dictador Fulgencio Batista (1959) y tras el fallido intento de invadir Bahía de Cochinos, llevado a cabo por exiliados cubanos apoyados por la CIA, la isla caribeña estuvo en el centro de los debates político-ideológicos en el continente.
De hecho, dos polos distintos tienden a oponerse en estas disputas: por un lado están los defensores del régimen, que lo son tanto por su identificación político-ideológica con el marxismo-leninismo como por los avances en el campo de la seguridad realizados. por el Estado cubano; por otro, los detractores del castrismo acusan a la Revolución y al régimen, que sería instituido después de ella, de tener un carácter antidemocrático, criticando el sistema unipartidista y presuntamente represivo a la disidencia actual y que relega al Partido Comunista local el monopolio de las decisiones políticas.
Actualmente, Cuba se encuentra una vez más ante tal dicotomía. Si bien el país ha demostrado hasta cierto punto una fuerte resistencia en la lucha contra la pandemia de COVID-19 (al menos durante las primeras oleadas de la enfermedad) e incluso ha desarrollado su propia vacuna contra el virus, recibiendo elogios de la comunidad internacional por tal resultado científico. .- En los últimos meses ha estallado una serie de protestas en la capital cubana, la distribución ineficiente de agentes de inmunización a los habitantes de la isla, la escasez de alimentos y medicinas en las principales ciudades del país y la falta de libertad de expresión en los medios cubanos. La dura represión llevada a cabo por el gobierno cubano contra los manifestantes fue blanco de profundas críticas por parte de organismos internacionales.
Vacunación pionera contra las protestas de la sociedad civil
El sistema de salud cubano ha mostrado una importante capacidad para enfrentar la pandemia de COVID-19, especialmente en el primer año del escenario pandémico. Su buena estructura y la realización de importantes acciones en la zona permitió que las tasas de contagio se mantuvieran por debajo de la media continental a lo largo de 2020. El país aún logró desarrollar vacunas propias contra COVID, como Abdala y Soberana, que actualmente ya se aplican a niños. y distribuido a varios países (incluidos Venezuela y Vietnam) utilizando un modelo que, según el gobierno cubano, implica transferencia de tecnología, en la línea de una cooperación Sur-Sur. En el ámbito de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Cuba se presenta como un actor importante en la defensa de la salud universal en América Latina, siendo considerada una voz activa a la hora de abordar la necesidad de estructurar sistemas de seguridad social resilientes en la región.
El escenario, sin embargo, sigue siendo uno de enormes desafíos para el país caribeño, con la situación empeorando en los primeros meses de 2021, tanto por cuestiones relacionadas con la política local como en lo que respecta a la intensificación de la pandemia en la isla - un escenario que, de hecho, se dibujó en prácticamente todo el subcontinente, pero en La Habana tiene matices propios.
Luego de 43 años de su anterior Constitución, vigente desde 1976, los cubanos aprobaron un nuevo texto constitucional en 2019, que subrayó el carácter “irrevocable” del socialismo como sistema social en la isla y mantuvo el sistema de partido único. considerando así al Partido Comunista como el único legalmente aceptado en el territorio. El régimen de seguridad social mantuvo sus cimientos y la normativa constitucional comenzó a reconocer y legitimar la propiedad privada, el papel del mercado y la regulación estatal de las inversiones de la isla, lo que podría impulsar el desarrollo cubano.
Sin embargo, la institución de un nuevo orden jurídico en la isla se produjo en un contexto de continuidad del bloqueo a Cuba, ejecutado durante décadas por Estados Unidos, donde la comercialización de bienes entre Estados Unidos y territorio cubano está vetada o en gran medida limitada. y restricciones al comercio internacional y la circulación de mercancías provocadas por la pandemia. Como resultado, los desabastecimientos, que ya eran comunes, se hicieron más frecuentes en La Habana y otros centros urbanos importantes a medida que se implementaron medidas de aislamiento social más estrictas ante el agravamiento de la situación de salud.
En julio de 2021, una parte de la población cubana se movilizó, en diversas manifestaciones, protestando contra los apagones recurrentes en varias regiones del país y exigiendo que el gobierno vacune a los ciudadanos de una manera más rápida y equitativa. Se estima que la magnitud de este tipo de protestas, probablemente la mayor desde la década de 1990, está relacionada principalmente con el uso de las redes sociales y la difusión de internet en la isla, lo que permitió la movilización de manifestantes. La respuesta del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel involucró la asociación de manifestantes con “contrarrevolucionarios”, cortando la red de internet y la línea telefónica, que permaneció funcionando solo algunos períodos a lo largo del día, culpando a los estadounidenses de la situación social. , sobre todo, la represión de los protestantes. Como resultado, cientos de cubanos fueron arrestados y muchos fueron juzgados por tribunales municipales. En los meses que siguieron, continuaron ocurriendo marchas y reuniones, al igual que la escala de la represión oficial. Un informe de Human Rights Watch, publicado en octubre de 2021, afirma que más de un centenar de manifestantes fueron víctimas de abusos cometidos por el gobierno, denominados dictadura en la publicación.
Como forma de intentar legalizar y oficializar una protesta de gran envergadura programada para el 20 de noviembre, que tenía como objetivo exigir la liberación de las personas detenidas en movimientos anteriores y exigir el fin de la violencia y el respeto a los derechos de los cubanos, una organización solicitó autorización del Estado para realizar la manifestación, pero la solicitud fue denegada. La justificación que presenta el Poder Ejecutivo es que no existen motivos legítimos para las protestas, convocadas por el Estado como una "forma de desestabilizar y atacar al régimen socialista de la isla", práctica que, según el artículo 4 de la nueva Constitución , está prohibido y sujeto a las sanciones más severas.
Los caminos a Cuba
La magnitud de las protestas de la sociedad civil contra el régimen y las precarias condiciones de vida de los cubanos indican que la sociedad cuestiona cada vez más el modelo político vigente en la isla. Ni siquiera el resiliente y elogiado sistema de salud cubano resistió la ola de destrucción que dejó la pandemia, a pesar de los esfuerzos del gobierno y la sociedad, con una mención notable al papel de los profesionales de la salud cubanos en su lucha contra el virus.
Lo que este contexto indica es que incluso un modelo amplio de seguridad social es vulnerable y puede colapsar dependiendo de la situación de salud, especialmente si se encuentra en América Latina. Además, la defensa de las libertades fundamentales es fundamental para un proceso democrático y para el desarrollo humano. La actual Carta Magna de Cuba, en su artículo 56, permite la asociación y la realización de manifestaciones pacíficas en todo el territorio, pero este derecho fue negado por el Poder Ejecutivo.
La verdadera seguridad depende no solo de la provisión de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales por parte del Estado, sino también de la posibilidad de que la sociedad civil los reclame libremente y sin obstáculos.
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